EL SALVADOR / CORRUPCIÓN
Gobierno de Bukele negoció con las tres pandillas e intentó esconder la evidencia
El Faro tuvo acceso a parte de una investigación conducida por la anterior administración de la Fiscalía en la que se documentan negociaciones de funcionarios de la administración Bukele con las tres principales pandillas del país. El director de Centros Penales ordenó retirar cientos de libros de novedades y computadoras de cárceles de máxima seguridad; y el fiscal impuesto por la asamblea oficialista desmanteló el grupo especial que investigaba estas negociaciones.
Lunes, 23 de agosto de 2021
Carlos Martínez, Gabriela Cáceres y Óscar Martínez
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El Gobierno del presidente Nayib Bukele sostuvo en 2020 negociaciones con las tres principales pandillas del país dentro de penales de máxima seguridad, con la finalidad de conseguir que el número de asesinatos en El Salvador mantenga su histórico desplome. A cambio, las tres organizaciones –consideradas terroristas por la legislación salvadoreña–, Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, han planteado una serie de demandas que incluyen mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad.
Esta serie de negociaciones fueron documentadas por la Fiscalía General de la República a través de audios, fotografías, documentos y testimonios.
Los fiscales encargados de la investigación bautizaron el caso como Catedral, e incautaron documentos oficiales de Centros Penales luego de que este medio publicara, en septiembre de 2020, que el Gobierno llevaba un año negociando con la MS-13.
Hasta abril de 2021, la Fiscalía, dirigida por Raúl Melara, llevaba un proceso de investigación criminal contra varios funcionarios del Gobierno de Bukele. Durante meses, los fiscales intervinieron teléfonos, hicieron seguimientos físicos, se incautaron de documentos, tomaron fotografías y entrevistaron testigos.
El sábado 1 de mayo de 2021, la nueva Asamblea Legislativa controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, removió ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general Melara. Desde ese día, la investigación llamada Catedral quedó en manos de Rodolfo Delgado, el fiscal impuesto por el bukelismo, quien con el paso de las semanas desmantelaría la unidad que consiguió los hallazgos.
El Grupo Especial Antimafia (GEA) no era una unidad fiscal como tal. En noviembre de 2019, el exfiscal Germán Arriaza seleccionó a cuatros fiscales de diferentes unidades para conformar un equipo e investigar las negociaciones entre políticos del FMLN y pandillas que ocurrieron previo a las elecciones de 2014. El exfiscal creó esa unidad amparándose en el artículo 24 de la Política de Persecución Penal de la Fiscalía, que lo faculta a crear equipos especiales con fiscales de diferentes unidades. Tras la publicación de septiembre de 2020 sobre las negociaciones entre el Gobierno de Bukele y la MS-13, el GEA también inició investigaciones al respecto, que arrojaron las evidencias que se muestran en este reportaje. De acuerdo con tres fuentes fiscales, el GEA fue eliminado después de que el exfiscal Arriaza renunciara a su cargo como jefe de la Unidad Anticorrupción y contra la Impunidad de la Fiscalía.
Arriaza renunció a la Fiscalía el 7 de mayo, después del nombramiento de Delgado, quien ordenó moverlo de unidad, ante lo que Arriaza prefirió irse. El exfiscal no solo había conducido investigaciones vinculadas a negociaciones con pandillas, sino también relacionadas con compras irregulares durante la pandemia vinculadas con los ministerios de Salud y Agricultura
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